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Parana
27 enero, 2020
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OPINIÓN: La dimensión política de las organizaciones criminales mexicanas

(Foto: cortesía)

La reciente declaración de Donald Trump sobre designar a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) reabrió el debate sobre la supuesta naturaleza apolítica de estos grupos. El consenso en la opinión pública es que los cárteles mexicanos no son organizaciones terroristas dado que no pretenden destituir al gobierno mexicano, ni tomar el poder político, sino sólo asegurar sus ganancias y el control de su territorio. Por tanto, aunque hagan uso de la violencia y el terror, sus objetivos no son políticos y no manifiestan una doctrina política ni un programa para tomar el poder.

Pensar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones apolíticas es equivocado. En sus actividades delictivas y en sus operaciones cotidianas, los cárteles mexicanos, pero también, las múltiples células distribuidas a lo largo del país, no solo ejercen la violencia para sembrar terror entre la población civil y ante las instituciones, sino también, ejercen formas de poder y dominación hacia las poblaciones y comunidades, controlan extensiones de territorio, presionan y sobornan a políticos y funcionarios, e incluso sustituyen al Estado en algunas de sus tareas.

Lo preocupante de tal situación, es que son muchos los lugares en que esto ocurre. No se trata de una situación atípica, sino parte del proceso de crecimiento de los grupos delictivos. Me explico. Para funcionar, los mercados ilegales de drogas necesitan de las armas y la violencia para lograr que los acuerdos se cumplan. También requieren, como ocurrió en México, del apoyo de políticos y gobernantes. Hay, empero, un elemento más: necesitan control territorial para cumplir con sus objetivos de producción, trasiego y comercialización de sustancias ilícitas. Es ese control de territorios, la capacidad de usar la violencia y el apoyo de las autoridades lo que les permite ejercer dominación en las comunidades. Cobran extorsiones, dirimen controversias entre particulares, castigan delitos, proveen seguridad pública, distribuyen riqueza y la expropian.

Todos estos elementos obligan a reconsiderar el componente político de estos grupos. Desde mi perspectiva, las organizaciones criminales sí manifiestan una dimensión política. Es decir, toman decisiones colectivas sobre las formas de organización, conducción y producción de la vida cotidiana de las comunidades. Sin embargo, su componente político no debe entenderse en el sentido de la competencia por puestos públicos y cargos de representación popular —si bien varias organizaciones criminales han contado con aliados y hasta cómplices dentro de las instituciones de gobierno. Su componente político debe entenderse en un sentido amplio, como forma de control y dominación a través de la violencia y el poder.

Ahora bien, ¿la dimensión política de las organizaciones criminales apunta a tomar el poder político y el control del Estado como ocurre con las organizaciones terroristas? De ninguna manera. La principal motivación de los cárteles mexicanos es la lógica de la ganancia. El uso de la violencia, el control territorial y el apoyo de las instituciones políticas tiene como objetivo asegurar sus operaciones de producción, tráfico y venta de drogas. Incluso en contextos como Tierra Caliente, Michoacán, donde la organización criminal Los Caballeros Templarios logró ejercer control de varios de esos municipios, esto tuvo como finalidad lograr impunidad y capacidad operativa para organizar sus actividades ilegales sin restricciones. En otras palabras, cuando los grupos delictivos han tenido poder absoluto sobre instituciones y población civil lo han hecho con el ánimo de mantener la lógica del mercado.

Repensar la dimensión política de las organizaciones criminales en México es tarea necesaria para entender mejor las estructuras y funcionamiento de estos grupos. Enfrentar a estos grupos no solo requiere e una estrategia de fuerza y punitiva, como ha sido hasta ahora y como propone la administración de Donald Trump con su pretensión de designarlas como organizaciones terroristas. También requiere entender el entramado político y social que estos grupos construyen en los territorios en que operan. Pero, sobre todo, exige comprender la economía política de los mercados ilegales de drogas.

* Profesor-Investigador al Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede Región Centro

Lo aquí escrito es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio

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